Defensa fiscal ante el SAT: qué hacer en los primeros 20 días

La secuencia real de una auditoría

Primero llega la carta invitación o la vigilancia profunda: no es un acto de autoridad impugnable, pero sí el momento más barato para corregir. Después vienen la revisión electrónica, la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, y solo al final la resolución que determina el crédito fiscal.

Cada etapa tiene plazos fatales. En la revisión electrónica se cuentan quince días hábiles para desvirtuar la preliquidación; dejarlos pasar convierte una discusión técnica en una deuda exigible.

Medios de defensa y cuándo usarlos

El recurso de revocación es gratuito, suspende el procedimiento administrativo de ejecución sin garantizar de inmediato y permite ofrecer pruebas que no se exhibieron en la auditoría. El juicio contencioso administrativo ante el TFJA abre control jurisdiccional pleno. El amparo se reserva para vicios constitucionales.

La elección no es de gusto: depende de la calidad probatoria del expediente y del flujo de caja disponible para garantizar el interés fiscal.

Artículo 69-B: el riesgo silencioso

Aparecer en el listado de empresas que facturan operaciones simuladas contamina hacia atrás a todos los clientes que dedujeron esos comprobantes. Si un proveedor cae en el listado definitivo, hay treinta días para acreditar la materialidad de la operación: contratos, entregables, bitácoras, pagos rastreables.

Prevención que sí funciona

Expediente de materialidad por operación relevante, política de revisión de proveedores contra el listado del 69-B, y una razón de negocio documentada por escrito antes de ejecutar reestructuras. Prevenir cuesta una fracción de lo que cuesta litigar.